dijous, 30 de setembre de 2010

Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo

Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos.

Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.

La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Respuesta de Caamaño

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. "Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada", explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.

Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. "Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones", explica el abogado.

Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que "en este momento" se está impidiendo a las víctimas de un "genocidio", denunciar los delitos que han sufrido.

El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. "En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo", explica Slepoy.

La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado "a través de Internet" que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. "Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad", ejemplifica el letrado.

Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a "los funcionarios públicos" de posibles delitos cometidos "en el ejercicio de sus cargos". "Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad", concluye Slepoy.

diumenge, 26 de setembre de 2010

Aniversari dels últims afusellaments judicials de la dictadura de Franco.


El 27 de setembre de 1975 de bon matí foren executats Juan Paredes Manot, Angel Otaegui Echeverria, Xosé Humberto Baena Alonso, Ramon Garcia Sanz i José Luis Sánchez Bravo Sollas. Havien estat detinguts en varies redades de las forces policials de la dictadura, juntament amb molts d´altres ciutadans. Tots acusats de formar part d'organitzacions terroristes, foren bàrbarament torturats a les comissaries per la policia política del règim, i falsament acusats de la mort de membres de forces de la seguretat de l'estat. Després d'una pantomima de judicis militars sense cap garantia, ni aportació de proves, la majoria dels detinguts foren condemnats a mort. Finalment en un decisió aleatòria, potser per mostrar una suposada clemència per part del règim, alguns dels condemnats veieren commutades les seves penes de mort, per la de presó, i d'altres, concretament aquests cinc joves, foren sentenciats i executats amb celeritat. Sense que hi haguessin més raons incriminatòries que ens altres casos. Es a dir cap raó que no fos la de formar part d'organitzacions que lluitaven contra la dictadura.
Després de 35 anys de la seva execució, ningú ha respost mai davant la democràcia actual com responsable d'aquests assassinats a l'atzar, ni mai l'estat ha demanat perdó per aquests crims, ni tant sols els joves morts han rebut cap reconeixement oficial com a víctimes de la dictadura feixista espanyola.

dissabte, 18 de setembre de 2010

La Comissió de la Dignitat reclama a Madrid l'anul·lació del judici a Companys


La presidència de la Comunitat els ha negat la possibilitat de realitzar aquest acte a dins de l'edifici de la institució.

La Comissió de la Dignitat ha reunit a Madrid mig centenar de persones que han reclamat justícia i reparació pel president de la Generalitat Lluís Companys.

L'acte ha tingut lloc davant de la seu de la Presidència de la Comunitat de Madrid que durant el franquisme era la Direcció General de Seguretat on va ser retingut i torturat el president màrtir fa 70 anys.

Hi han assistit representants de CiU i d'ERC, així com el portaveu de la Comissió, Pep Cruanyes, que creu que “no és suficient” declarar il·legítima la sentència sinó que s'ha de treballar per aconseguir l'anul·lació.

Aquesta setmana el Congrés dels Diputats ha rebutjat una moció d'ERC en aquest sentit amb els vots en contra del PSOE, el PP i UpyD.

Segons els organitzadors, la presidència de la Comunitat els ha negat la possibilitat de realitzar aquest acte a dins de l'edifici. L'homenatge ha finalitzat amb una ofrena floral a les portes d'on Companys va ser retingut i torturat.

L'homenatge ha finalitzat amb una ofrena floral a les portes d'on va ser retingut i torturat.

divendres, 10 de setembre de 2010

Fallece María Rodríguez Juárez, una de las pocas mujeres que luchó con los maquis

María Rodríguez Juárez La Goyerías, una de las pocas mujeres que luchó con los maquis contra el régimen franquista, falleció ayer a los 90 años en Barcelona. La Goyerías vivía en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet y este viernes la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, ha expresado el pésame de la ciudad a su familia.

Marín ha destacado la "figura de ciudadanos como María Rodríguez, gente corriente que luchó por unos ideales y que, víctimas de la represión, se negaron a aceptar la dictadura". María Rodríguez era hija de jornaleros sin tierra de Alia (Cáceres), y huyó de la represión franquista.

Desde las montañas participó en enfrentamientos armados liderados por su pareja,Chaquetalarga. Fue detenida en 1948 y pasó cinco años en la cárcel. A su salida se trasladó a vivir a Barcelona y años después a L'Hospitalet, al barrio de Bellvitge, donde ha vivido hasta su fallecimiento.

dissabte, 4 de setembre de 2010

La justicia argentina reabre la investigación por los crímenes del franquismo

España deberá informar si está investigando la existencia de un plan de exterminio de republicanos durante la Guerra Civil y la dictadura.

Un tribunal de apelaciones de Buenos Aires reabrió la causa porcrímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Francisco Franco en España, como reclamaban organismos humanitarios y familiares de víctimas del franquismo, informaron fuentes judiciales.

Además de anular el dictamen de una jueza federal de Buenos Aires que había archivado esas actuaciones, el tribunal dispuso pedir al Gobierno de España que informe si está investigando esos crímenes en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, apuntaron las fuentes.

Abogados de organismos humanitarios que patrocinan a los querellantes dijeron que la decisión del tribunal "repara el error" del archivo de la causa dispuesto en un fallo de la jueza María Servini de Cubría con el apoyo de la Fiscalía.

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal respondió así a una apelación presentada por familiares de españoles víctimas del franquismo que en abril pasado habían pedido a la justicia argentina que investigara múltiples crímenes de lesa humanidad amparándose en el principio de jurisdicción universal. Con la unanimidad de sus miembros, el tribunal declaró nulo "por carecer de fundamentación y sustento en el ordenamiento procesal vigente" el fallo que había archivado las actuaciones.

Además aceptó la petición de la querella para que por vía diplomática se pida a España que informe "si efectivamente" se investiga allí la existencia de "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" en el lapso que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977".

"El derecho a la tutela judicial efectiva implica que la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas", aduce el dictamen del tribunal argentino.

Subraya que "la persecución penal" es "un corolario necesario del derecho" de toda persona a "una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente" que establezca si hubo violación de sus derechos, "se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes". "Cuando decidió archivar la causa observamos que se sacó el asunto de encima: ahora sentimos que el tribunal ha reparado ese error", dijo el abogado Ricardo Huñis, uno de los que representan a la querella.

La causa había sido archivada por Servini de Cubría al amparo de un dictamen del fiscal Federico Delgado "que decía que en España se están investigando esos hechos y esto no tiene base probatoria", destacó. "Por eso se pide ahora informes al Gobierno de España", comentó el abogado, para quien "como no hay investigaciones" en la justicia española "no habrá impedimento para que la justicia argentina avance en la causa".

"El tribunal (argentino) dice que debe haber una investigación por el derecho que le asiste a quienes querellan y que por tratarse de delitos de lesa humanidad se deben agotar todas las instancias de investigación", remarcó Huñis. "No podemos entender cómo la justicia argentina podía rechazar estas investigaciones cuando ha sido pionera en investigar crímenes de lesa humanidad", puntualizó.

Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

En abril pasado, Rivas y García encabezaron la querella presentada ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

La demanda fue ampliada poco después con diecisiete nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas

divendres, 3 de setembre de 2010

Los crímenes del franquismo serán investigados en Argentina

Argentina comenzará a investigar los crímenes del franquismo aplicando el principio de justicia universal. La Sala 2ª de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal desestimó ayer un dictamen de la jueza María Servini de Cubría, que en mayo de 2010 había rechazado una demanda presentada por familiares de víctimas del franquismo para investigar esos crímenes.

"Por lo tanto, aquella resolución de la jueza se anula porque no tiene fundamento" explica Máximo Castex, uno de los abogados argentinos que interpuso la querella. "Ahora el proceso exige retomar la investigación sobre los delitos del franquismo". El caso volverá al mismo juzgado que recibió la denuncia. De este modo, será Servini de Cubría la encargada de dar comienzo a las investigaciones. La diferencia es que ahora la magistrada debe cumplir con las indicaciones de la Cámara de Apelaciones, que le ha señalado cómo tiene que proceder.

La Cámara insta además a incluir como querellante particular a Inés García, excluida por Servini de Cubría como parte de la acusación dado que era sobrina-nieta de una víctima del franquismo. "Nosotros apelamos, explicando que el criterio en materia de derechos humanos con respecto a la víctima es más amplio y que por eso tenía que serle otorgado el carácter de querellante a Inés García", precisa Castex.

Primera investigación

El abogado reconoce la trascendencia de esta resolución, que permite a un país extranjero examinar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura española. "Esto es fundamental porque se van a investigar hechos de muy larga data", alega. Que se haya aceptado a Inés García como parte del caso es también un giro esperanzador. "Los familiares de las víctimas del franquismo son, en muchos casos, sobrinos-nietos", añade. "Ahora pueden presentarse en la causa siendo querellantes".

El otro impulsor particular de esta demanda es Darío Rivas, un hombre de 90 años que quiere hacer justicia a su padre, Severino Rivas, alcalde de Castro Rei (Lugo) que fue fusilado en 1936. Esta causa está apoyada por organizaciones argentinas de derechos humanos, por la ARHM y por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.