diumenge, 30 de juny de 2013

L'Hospitalet dona suport jutjar els crims de la dictadura de Franco

L'Hospitalet condena la dictadura franquista

El pleno aprueba una moción de apoyo a la querella que lleva un juzgado argentino | El texto recuerda que los genocidios no prescriben

L’Hospitalet de Llobregat (Redacción).- El pleno del ayuntamiento de L’Hospitalet ha aprobado una moción de condena al régimen franquista y de apoyo a la querella que tramita un juzgado argentino por delitos de genocidio y contra los derechos humanos del régimen. El texto lo ha presentado el grupo municipal de ICV-EUiA (que forma parte del equipo de gobierno) y ha contado con el apoyo de PSC y CiU y el voto parcial del PP.

La moción asegura que el régimen representó el desmantelamiento de las instituciones democráticas “provocando el exilio obligado de políticos y sindicalistas pero también el desmantelamiento de entidades culturales y asociativas”. El texto aprobado recuerda que la persecución prosiguió en el exilio, colaborando con los nazis, “que enviaron a campos de concentración y exterminio a 54 vecinos de la ciudad de los que solo sobrevivieron 21”.

La moción mantiene que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados por ningún tipo de ley de punto final y se felicita que la querella que trata el juzgado argentino “comienza a resquebrajar el muro de impunidad del franquismo”.

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Com sempre a Ripollet anem molt endarrerits, potser és que som en mans de polítics que només fan càlculs partidistes.. Vergonyós és recordar com l'actual consistori té paralitzat l'homenatge als alcaldes de la república davant el silenci de tots els grups polítics.. Són coses que fan pudor..Massa pudor.. Més de quatre anys per aconseguir homenatjar els primers alcaldes democràtics.. Els ciutadans independents s'haurien de preguntar el perquè..

divendres, 21 de juny de 2013

A Espanya els botxins encara tenen el poder de la raó i de la llei..

Jutges per la Democràcia acusa la Falange de crims contra la Humanitat

L'associació de magistrats lamenta la imputació judicial del periodista Gerardo Rivas, denunciat per haver escrit sobre els crims dels falangistes a la postguerra
Joaquim Bosch, portaveu de l'associació Jutges per la DemocràciaJoaquim Bosch, portaveu de l'associació Jutges per la DemocràciaJUTGES PER LA DEMOCRÀCIA
L'associació Jutges per la Democràcia (JpD) ha lamentat aquest divendres la imputació judicial del periodista Gerardo Rivas per una denúncia de la Falange contra ell per difondre "una veritat històrica"​​, com és que aquesta organització té "un ampli historial de crims contra la humanitat". "Seria com si un tribunal alemany acceptés una denúncia del partit nazi contra periodistes o historiadors que escrivissin sobre els crims comesos durant els anys trenta i quaranta", assenyala JpD en un comunicat.
"No es tracta només d'un exercici de llibertat d'expressió, reconeguda per l'art. 20 de la Constitució, sinó també del dret a la veritat, difosa des de la historiografia o el periodisme, i rebuda per la resta de la ciutadania, que té dret a conèixer el que ha passat al seu propi país", explica la nota emesa per l'associació. "Jutges per la Democràcia considera que s'ha demostrat de forma científica, a través de nombroses investigacions rigoroses, la implicació de Falange Española y de las JONS (a partir d'abril de 1937, Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en la repressió" de la postguerra una vegada "consolidada la dictadura franquista".
El titular del jutjat d'instrucció número 37 de Madrid va imputar per un delicte d'injúries greus l'esmentat articulista del diari digital 'elplural.com', que va vincular en una columna d'opinió la Falange Española de las JONS amb un "historial" de crims contra la humanitat.
A aquestes alçades encara és notícia una cosa que se sap a tot el món: que la dictadura feixista era un règim criminal.

dilluns, 17 de juny de 2013

Andalusia aposta per la memòria..

Andalucía tomará la iniciativa estatal con su próxima Ley de Memoria Democrática

La Junta ha estado a la vanguardia en políticas memorialistas habiendo gastado 16 millones de euros en indemnizaciones y subvenciones desde 2001. Con denuncias judiciales en las exhumaciones se quiere evitar la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas de crímenes de lesa humanidad

Andalucía se prepara para retomar la iniciativa de la política memorialista con proyección estatal. Y el primer paso será la tramitación parlamentaria después del verano de la Ley de Memoria Democrática cuyo proyecto ultima el Gobierno de coalición PSOE-IU, una norma avanzada que contrastará con la desactivación de le Ley estatal de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno central del PP.
La Junta de Andalucía ha estado siempre a la vanguardia de las políticas para la recuperación de la memoria histórica, como lo demuestra su temprana reacción a las demandas de este movimiento social cuyo nacimiento se sitúa en el año 2000 a raíz de la primera exhumación con criterios científicos internacionalmente homologados -la de Priaranza del Bierzo- y la creación de la primera asociación memorialista, la ARMH surgida entonces en León. De hecho, la cuantía presupuestaria acumulada destinada por el Gobierno andaluz a este fin rondaría los 16 millones de euros: 10 de ellos en indemnizaciones a represaliados desde 2001 y los 6 restantes, en subvenciones concedidas a asociaciones, ayuntamientos y universidades para diferentes actuaciones (exhumaciones, investigaciones, publicaciones, documentales, monolitos, reconocimientos, etc.)
La presencia ininterrumpida de un Gobierno de izquierdas en Andalucía, sostenido por la configuración sociológica de la mayoría social, ha sido clave en la sensibilidad de estas políticas con las demandas de las víctimas y de sus herederos. Además, se da la circunstancia histórica objetiva de que Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de50.000 mil fusilados, especialmente en su mitad occidental donde no hubo prácticamente guerra, sino represión pura y dura. El Mapa de Fosas de Andalucía -concluido en 2009 y costeado por la Junta- revela la existencia de 614 fosas comunes en toda la Comunidad, constituyendo el conjunto de varias de ellas situado en el viejo cementerio de Málaga el segundo más importante de toda Europa, tras la tristemente célebre de Srebrenica, en Bosnia.
Andalucía fue la región más masacrada por la represión franquista, con más de 50.000 mil fusiladosLa gestión política socialista andaluza de la memoria histórica comenzó en 2001 dependiendo de la Consejería de Presidencia para pasar en 2003 a la de Justicia, año del que data la regulación por decreto de las subvenciones actualmente vigente. En 2006 se creó el Comisario de la Memoria Histórica, una figura competente en la materia pero carente de estructura departamental definida. Hasta que el pasado año 2012, con la constitución del Gobierno de coalición PSOE-IU, las competencias memorialistas pasaron a manos de Izquierda Unida dependiendo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales encabezada por el vicepresidente de la Junta Diego Valderas. IU ha elevado el rango político de la memoria histórica con la creación de una dirección general específica de Memoria Democrática, aunque los recortes impuestos desde el Gobierno central han mermado considerablemente la disponibilidad presupuestaria con respecto a la etapa anterior bajo gestión socialista.
 Sin embargo, pese a la escasez de recursos económicos, sí que se observa ahora un impulso político renovado en torno a la próxima Ley de Memoria Democrática, caracterizado por el consenso no sólo político, por la buena sintonía entre PSOE e IU tras el primer año de rodaje compartiendo responsabilidades de gobierno, sino también social. No en vano más de cien organizaciones especialmente vinculadas con la memoria histórica han participado en la gestación del anteproyecto a través de reuniones celebradas en las ocho provincias andaluzas durante los últimos meses, aportando sugerencias y enmiendas.
El documento base sobre el que se cimentará la futura ley tiene su origen en la proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía que IU vio rechazada hace dos años -abril de 2011- por la fuerza aplastante de los votos de PSOE y PP. Pero como las rencillas en política no son eternas y la necesidad obliga, la coyuntura ha cambiado y desde el PSOE, su coordinador andaluz de memoria histórica Carlos Perales considera que "ha llegado el momento de que la Junta retome el impulso político a nivel estatal previo a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica". Un Perales autocrítico con su propio partido precisa aún más al decir que "tenemos que aprovechar la oportunidad de la coalición con Izquierda Unida para abandonar esacierta timidez que hemos tenido y cubrir las lagunas importantes que quedan por cerrar en la memoria histórica".
"La nueva Ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España"Una de las novedades más importantes de la futura normativa legal hace referencia a las exhumaciones, con lo que dejará sin efecto el protocolo autonómico aprobado en 2009 que fue muy criticado por las asociaciones de la memoria histórica y que ha demostrado su ineficacia dada la arbitrariedad y desorganización con que se están realizando estas delicadas tareas en los últimos años, de espaldas en ocasiones a las administraciones y bajo la única supervisión de familiares con profesionales contratados al efecto.
La Junta quiere evitar con ello la privatización de estos procesos, porque "forman parte de laspolíticas públicas de memoria histórica", afirma Juan Francisco Arenas, secretario de memoria histórica del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y número dos de la Dirección General de Memoria Democrática andaluza. El Gobierno andaluz se personará como denunciante ante el juzgado correspondiente cuando se efectúe cualquier exhumación, a fin de ajustarse al protocolo de actuación de Naciones Unidas en estos casos. "Trataremos de dar satisfacción a los familiares que quieran exhumar, pero con mucho cuidado de no destruir la cadena de custodia de las pruebas de crímenes de lesa humanidad", enfatiza Arenas con la esperanza de que "en algún momento el ordenamiento jurídico español deje de amparar la impunidad del franquismo".
Otros aspectos sobre los que pretende incidir la próxima norma andaluza, que pretende irradiar sus efectos con transversalidad hacia otras consejerías, son: la educación, el acceso a los archivos, la eliminación total de la simbología franquista en los espacios públicos, los lugares y senderos de la memoria -a caballo entre turismo y medio ambiente-, un censo de las víctimas, un banco de ADN con colaboración de Sanidad, la reparación moral y el reconocimiento de colectivos, así como la creación de un Instituto de Memoria Democrática. "La nueva ley va a ser, sin duda, el marco legal más avanzado de España", concluye Juan Francisco Arenas.

dissabte, 15 de juny de 2013

Cada vegada se sumen més adhesions a favor del judici a la dictadura de Franco..

El Parlamento vasco se adhiere a la querella contra el franquismo con el rechazo del Partido Popular y UPyD

Los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu y PSE aprobarán el 20 de junio una proposición no de ley en la que muestran su "apoyo y adhesión" a la causa abierta en Argentina contra los crímenes de la dictadura. El Partido Popular y UPyD presentarán una enmienda a la totalidad.


Iñigo Urkullu se dirige al Pleno del Parlamento vasco. -EFE

Iñigo Urkullu se dirige al Pleno del Parlamento vasco. -EFE

La querella argentina contra los crímenes del franquismo coge fuerza. El Parlamento vasco aprobará este jueves 20 de junio una proposición no de leymediante la cual manifiesta "su apoyo y adhesión" a la querella interpuesta en Buenos Aires contra los responsables de la dictadura franquista por los delitos degenocidio y crímenes de lesa humanidad. La proposición, que ha sido consensuada por los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu y PSE, cuenta con el respaldo de 74 de los 85 parlamentarios. El Partido Popular y UPyD, por su parte, han anunciado a Público su intención de presentar una enmienda a la totalidad.
"Entendemos que España es un Estado de derecho donde funcionan los tribunales y que es aquí donde se tiene que sustanciar cualquier cuestión, procedimiento, denuncia o querella de cualquier clase. La querella trata una cuestión estrictamente española que no se tiene que ver en Argentina sino en la Justicia española", ha argumentado a Público Carmelo Barrio, portavoz del Partido Popular en la comisión de Derechos Humanos, quien reitera, no obstante, su rechazo al régimen franquista como de "cualquier otro tipo de régimen totalitario".
"La querella trata una cuestión estrictamente española que se tiene que ver en la Justicia española"A pesar de este veto a la totalidad del Partido Popular y UPyD, la proposición no de ley conseguirá una amplia mayoría en el Parlamento debido a que ha sido consensuada y presentada por los tres grupos mayoritarios de la cámara vasca: PNV, PSE y EH Bildu. Por tanto, la proposición contará con el respaldo de 64 de los 75 asientos que forman el Parlamento vasco.
"Con esta proposición no de ley se refuerza el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. Es importante que con el paso de los años no se tergiverse la historia. La reconciliación de un pueblo es más fácil cuando está clara la verdad, la justicia y la reparación", explica a Público Maribel Vaquero, parlamentaria de PNV y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, que ha tramitado la proposición.

El papel de la Iglesia

El texto de adhesión a la querella que será aprobado el jueves, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, recoge la denuncia del Parlamento contra "la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bahamonde en julio de 1936" y "el régimen dictatorial posterior que durante cuarenta años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad". El texto también recoge la denuncia del "papel jugado por buena parte de las oligarquías agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia Católica, con su apoyo al golpismo primero, y al régimen fascista instaurado después".
En este sentido, el texto compromete al Parlamento vasco a garantizar las "medidas necesarias para garantizar a los represaliados y represaliadas" el ejercicio de "su derecho a la verdad sobre aquel régimen", " el derecho a una reparación digna y no discriminatoria" y, por último, el derecho a "que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales como garantía de no repetición".

Viaje a Argentina

La única polémica entre los tres partidos políticos que han impulsado la causa (PSE, PNV y EH Bildu) ha sido sobre si el Parlamento vasco debía enviar a Buenos Aires una representación de la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación ciudadana a Buenos Aires en las fechas en las que las asociaciones que componen la querella contra los crímenes del franquismo prestan declaración en Argentina, tal y como recogía originalmente la proposición no de ley.
"Tras la querella no están sólo las víctimas, existe un pueblo con sus instituciones democráticas"Este punto, sin embargo, ha sido excluido del texto final que será aprobado tras la negativa del PSE. "Consideramos que el Parlamento vasco como institución no puede acudir a un viaje de apoyo a una plataforma y mucho menos hacerlo con fondos públicos de la institución", ha señalado en este sentido Mikel Unzalu, portavoz del grupo parlamentario socialista en materia de derechos humanos.

Más de 40 ayuntamientos en Euskadi

La proposición no de ley ha sido impulsada por la Plataforma Vasca para la querella contra los crímenes del franquismo, quien la hizo llegar la moción a la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco. "Para nosotros es muy importante este apoyo porque la judicatura argentina podrá ver que tras la querella no están sólo las víctimas sino que existe todo un pueblo detrás con sus instituciones democráticas", explica a Público Sabin Arana, portavoz de la Plataforma Vasca para la querella contra los crímenes del franquismo.
La moción impulsada por la Plataforma ha sido aprobada ya en más de 40 municipios vascosentre los que se encuentran Vitoria o Donosti, además de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Asimismo, esta moción ha sido aprobada por el Ayuntamiento de Pamplona y está siendo estudiada por el Parlamento de Navarra.
Ripollet no se sumaria mai a una iniciativa com aquesta perquè esta comandat pels franquistes..

divendres, 7 de juny de 2013

A Ripollet no ho fa el PP..


'The Guardian' denuncia l'intent del PP de "distorsionar" la guerra civil

Segons l'autor de l'article, el partit només manté aquells
 símbols del bàndol franquista
El text explica com l'Ajuntament de Madrid vol retirar 
l'únic monument
 de la ciutat a les brigades internacionals antifeixistes



CARLOTA MARZO / Barcelona

"L'Ajuntament de Madrid manté noms de carrers que fan referència a membres del règim franquista i conserva l'Arco de la Victoria, que celebra la derrota de la meitat de la població (espanyola), però vol retirar l'única placa commemorativa a les Brigades Internacionals que hi ha a tota la ciutat". Amb aquesta frase, l'autor de l'article de 'The Guardian', David Mathieson, resumeix la política del PP amb la memòria històrica de la guerra civil, a qui acusa de voler distorsionar el passat.
zoom'The Guardian' denuncia l'intent del PP de distorsionar la Guerra Civil
'The Guardian' denuncia l'intent del PP de distorsionar la Guerra Civil GETTY IMAGES / THE GUARDIAN
Al seu article Mathieson explica com l'Ajuntament de Madrid vol retirar aquest monument als antifeixistes per "haver estat construït sense els seus respectius permisos". La placa va ser pagada amb fons privats i està col·locada als jardins de la Universitat Complutense. Per la seva part, la Universitat replica que va presentar els papers de petició de permisos però que el consistori no els va atendre. A més, recorda que altres monuments com el de les víctimes de l'11-M "es van construir sense els permisos corresponents".

SÍMBOL ANTIFEIXISTA
La Universitat Complutense de Madrid es va convertir en un escenari clau de la guerra civil durant les batalles a Madrid. Tal com explica David Mathieson, mentre les tropes franquistes intentaven ocupar la capital espanyola, a la Universitat van trobar un lloc de resistència. Centenars de brigadistes internacionals van morir al costat dels republicans defensant els edificis de la universitat al famós crit de '¡No passaran!'.

L'autor es pregunta si "és lògic que en una Europa on creix la xenofòbia i el racisme el consistori vulgui retirar precisament l'únic monument que té la ciutat als antifeixistes". "Explicar el passat per formar el futur és una regla bàsica de qualsevol procés polític madur", explica Mathieson al seu article, i posa com a exemple els museus i referències al nazisme i a la segona guerra mundial que existeixen a Berlín.

"El govern del PP és incapaç de gestionar la diversitat de veus que reclamen coses diferents sobre la memòria històrica i prefereix tancar-ho", relata l'autor. "El que està passant a Madrid no és només un exercici asimètric de memòria històrica -assegura- sinó una manera intolerant, perillosa i disfuncional de tractar el passat que impedeix que la ciutat es projecti cap al futur com un lloc obert, divers i transparent".
Perquè no te el govern municipal, ho fan més dissimuladament 
el PSOE I CiU..